Resumen: En instancia se desestima la pretensión resarcitoria por no estar suficientemente acreditada la concurrencia de los vicios ocultos en los que se fundamentaba. En apelación se alega la infracción de normas procesales por la indebida inadmisión de prueba de designación judicial de perito, que se rechaza por ser extemporánea la solicitud y no formular queja o protesta alguna frente a dicha decisión. Discrepa la recurrente de la valoración probatoria de la juzgadora de instancia, no exponiendo una valoración alternativa y conjunta de la prueba aportada y practicada en el ámbito de las presentes actuaciones o los concretos motivos en virtud de los cuales la valoración de la sentencia de instancia resulta inadecuada o injusta, con base en el resultado de otros medios de prueba.
Resumen: Frente a la demanda de juicio cambiario sustentada en un pagaré vencido e impagado, la deudora opone la falta de aportación del original con el escrito rector del proceso y la nulidad del juicio por esta causa, así como la falsedad de la firma. Tras la implantación y generalización de los sistemas electrónicos de conformación del expediente judicial, la aportación del título cambiario mediante imagen telemática de su original físico debe estimarse bastante para el despacho inicial de ejecución. La alegación de la falsedad de la firma opuesta por el deudor demandado no traslada al actor la carga de demostrar su autenticidad, especialmente cuando ni siquiera existen indicios que sustenten la alegación.
Resumen: Acción de cumplimiento de contrato de permuta inmobiliaria suscrito por las partes y de condena al otorgamiento de la escritura pública de adjudicación de la finca resultante y acción de incumplimiento del mismo contrato, por falta del aislamiento acústico de la finca conforme a proyecto y normativa aplicable. Confirma la resolución que condena a la mercantil demandada a otorgar la escritura pública de adjudicación y a realizar obras para cumplir con las condiciones de aislamiento acústico estipuladas en el contrato de permuta. La Audiencia rechaza las alegaciones de prescripción de la acción y error en la valoración de la prueba porque los ruidos no superan los límites legales. La acción no está prescrita, ya que el incumplimiento del aislamiento acústico solo se conoció tras la ocupación de la vivienda y la posterior elaboración de un informe pericial, siendo correcta la valoración de la prueba realizada por el juez de instancia. La demandada no cumplió con las condiciones contractuales.
Resumen: Se desestima la acción reivindicatoria por falta de prueba del título de propiedad sobre la finca. El requisito esencial para el triunfo de la acción reivindicatoria es el título de propiedad que ha de ser a título de dueño y apto para transmitir el dominio, y con extensión e identidad sobre el objeto reclamado. La titularidad en el catastro y el abono de los recibos y suministros, no es título bastante para fundamentar el dominio, porque el catastro no es apto para ello por sí sólo. El título de propiedad que ostentan los demandantes es insuficiente, en particular sobre la parte denominada como "aparcamiento" en la descripción registral en posesión del demandado. El título alegado en la demanda, queda totalmente desmentido en el procedimiento por la prueba practicada, y en particular por el título en que se basa el demandado, el cuaderno particional privado de la herencia. La partición entre partes, obligatoria con fuerza de ley entre ellas y sus herederos, es corroborada por los testigos en el acto del juicio.
Resumen: La actora reclama el pago de las facturas por el amarre de una embarcación en el puerto deportivo de Benalmádena. La sentencia de instancia acoge las pretensiones de la demandante y es recurrida por el demandado alegando abusividad de las cláusulas del contrato y error en la valoración de la prueba. La Sala confirma la resolución de primer grado al considerar que, en primer lugar, la introducción en esta alzada de la cuestión sobre la invalidez de determinadas condiciones generales del contrato por abusivas es incorrecta e implica una indebida mutación de los términos de la litis. Se examina después la naturaleza y caracteres del contrato de amarre para definirlo como una figura atípica, al no estar específicamente regulada, y se rige por lo estipulado libremente por las partes, si bien puede completarse con la regulación legal del contrato de arrendamiento de cosas y del de arrendamiento de servicios, así como del contrato de depósito, presentando además evidentes analogías con el contrato de aparcamiento de vehículos.
Resumen: Reclamación por saldo impagado de una tarjeta de crédito por la entidad cesionaria del crédito. En primera instancia se desestimó la demanda por no acreditar la cesión concreta del crédito reclamado y la Audiencia considera que la documentación privada, no impugnada y coherente, era suficiente para acreditar la titularidad del crédito y el importe reclamado. La parte apelante ha logrado identificar de manera clara e individualizada el crédito objeto del litigio, así como acreditar su origen contractual, su cesión a título oneroso y el saldo pendiente actualizado.
Resumen: Impugnación de filiación paterna matrimonial. Plazo de caducidad. El día inicial del cómputo del plazo de caducidad de un año para el ejercicio de la acción de impugnación de la filiación matrimonial por parte del marido, se concreta en el conocimiento de la falta de paternidad biológica. En el caso, se revela un déficit probatorio sobre el momento inicial de conocimiento de la verdad biológica por parte del demandante, generando dudas más que razonables sobre el hecho de la toma de conocimiento por los comentarios de amistades, por lo que el excepcional instituto de la caducidad en el ejercicio de la acción de impugnación no puede tener acogida. El momento para iniciar la computación debe ser cuando se acredite que se tuvo conocimiento por un hecho objetivo y creíble o cuando se alberguen serias dudas sobre la concordancia entre la realidad biológica y la registral. En el caso se tuvo conocimiento de esa posible discordancia con el resultado del informe de la prueba biológica.
Resumen: La demanda promovida por entidades de gestión de derechos de autor, de productores, y de artistas o ejecutantes contra la empresa que gestiona un establecimiento hotelero tenía por objeto la indemnización correspondiente a la comunicación pública no consentida de obras musicales y audiovisuales mediante aparatos de reproducción mecánica, así como de obras musicales como amenización mediante ejecución humana. Diferencia y compatibilidad entre los distintos derechos de propiedad intelectual que gestionan las demandantes: derechos de autor de obras musicales, los de productores de fonogramas y los de artistas intérpretes o ejecutantes. Valoración de los testimonio y de los hechos reconocidos por la propia apelante para deducir la realidad de la infracción.
Resumen: La Audiencia estima el recurso de apelación y revoca el auto de primera instancia, declarando que las cuotas escolares derivadas del cambio del menor a un centro semiprivado, correspondientes a un curso escolar, tienen la consideración de gastos extraordinarios. La Sala aprecia que dichos gastos eran imprevisibles al aprobarse el convenio regulador, que el cambio de centro se produjo con consentimiento expreso o tácito del otro progenitor y que concurría una situación de urgencia educativa que impedía acudir previamente a un procedimiento de modificación de medidas.
En consecuencia, se desestima la oposición formulada en el incidente de ejecución y se impone el abono de los gastos al 50 % por ambos progenitores.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda por vulneración del derecho al honor por inclusión en un fichero de morosos, al entender que la inclusión era legal, dado que existía una deuda cierta y exigible, y que el demandante había sido debidamente informado. La Audiencia revoca la sentencia pues la inclusión de los datos en el fichero se realizó a pesar de que el demandante había manifestado su oposición a la legalidad del contrato y a la cuantía de la deuda antes de dicha inclusión. No se cumplían los requisitos de exigibilidad y proporcionalidad necesarios para justificar la inclusión en el fichero, condenando a indemnizar con 3.000 euros por daños morales al actor.
